El Gobierno expropió el histórico Castillo y una familia quedará en la calle

El Gobierno provincial expropió el histórico Castillo de La Toma, con el objetivo de ponerlo en valor y transformarlo en un lugar turístico.

Esta decisión implica para Carlos Fernández de 79 años, su esposa Nicolasa Bustos de 76, su hermana Celia de 83 y su hijo Carlos de 56, quedarán en la calle por la expropiación el predio donde se levanta el edificio y terrenos que lo rodean.

La familia tomó conocimiento de la resolución oficial a través de un edicto publicado en El Diario de la República.

En declaraciones al programa La Mañana de Dimensión, la ex senadora por el departamento Pringles, Dominga Torres explicó que, si bien no está en contra de la medida por el “beneficio” que representa para el pueblo y que “sea de una gran utilidad pública para el turismo, debemos pensar en esas personas que viven allí. Ayer cuando fui a verlos parecían unos chicos que no sabían el rumbo que debían tomar, desesperados pensando dónde se van a ir a vivir”.

Fernández firmó con Fiscalía de Estado el convenio de cesión del predio de 10 mil metros cuadrados por el cual la familia recibirá $2,6 millones.

“Firmó sabiendo únicamente lo que conocía a través del edicto publicado en El Diario porque nunca le dijeron nada. Ahora están esperando que el gobernador firme el decreto para ser desalojados. ¿Quieren que se vayan a vivir abajo del puente del Río del Rosario?, planteó.

“Él debe haber estado con una sensación de extorsión psicológica, tenía temor”, consideró Torres, que fue intendenta de La Toma en dos oportunidades.

En la campaña electoral de 2017, el gobernador encabezó, junto a su hermano Adolfo Rodríguez Saá, un acto público en la Plaza Arco Iris donde anunció la puesta la restauración completa, refuncionalización y puesta en valor del edificio.

“Me duele lo que hacen, lo llevan a firmar un convenio de pago, en donde los indemnizan por 10 mil metros cuadrados por una expropiación de urgencia, dejándolo en la calle”, expuso Torres.

Y agregó: “Tirar a personas que en su momento tuvieron otro porvenir y que hoy están ahí pensando dónde irán a vivir, con 2.600.000 pesos ¿qué se puede hacer con eso?”

Torres realizó un posteo en Facebook este domingo para dar su punto de vista: “Lo hice con dolor, pensando de que habrá una sensibilidad y se cumpla la palabra, porque lo engañaron diciéndole que les iban a dar una casa en La Toma. Acá no se trata de realizar esto porque lo encerraron en Fiscalía y le sacaron una firma, tal vez apurándolo, apretándolo psicológicamente”.

“Doctor (Eduardo) Allende sea sensible, sáquese el traje de querer llevar por delante”, dijo la Torres dirigiéndose al fiscal de Estado.

Carlos Fernández (hijo) le escribió una carta al gobernador para comunicarle lo que estaba ocurriendo con la propiedad de la cual tiene “planos, escrituras y los impuestos al día”.

“Desde siempre vivo con mis padres y tía, que promedian los ochenta años y también con una hermana. Estoy muy preocupados por la salud de ellos, día a día veo como la amargura de un futuro incierto los erosiona psicológicamente. Ya no son felices, siente que se le están arrebatando sus últimos años”, dice el texto.

La carta le fue entregada en marzo al vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz con la intención de que se la hiciera llegar a Rodríguez Saá.

“¿Se le entregó? ¿Tiene los pantalones puestos para hacerlo?”, interrogó sobre si Mones Ruiz le entregó efectivamente la carta al mandatario.

La dirigente dijo que están atentos a los pasos que dará el Gobierno para tomar posesión sobre la propiedad. No descartó que pueda llevar adelante una protesta.

No es la primera vez que el Gobierno de Rodríguez Saá lleva adelante estas decisiones polémicas. También expropió 200 hectáreas de un campo en Estancia Grande en momentos que se ponía en marcha el municipio.